La Cámara Nacional de la Industria de la radio y Televisión (CIRT) aprovechó el foro de su 79 asamblea para fustigar los lineamientos que se analizan en el Instituto Federal Electoral (IFE) a fin de normar el derecho de réplica para medios de comunicación. El organismo acusó a la autoridad comicial de pretender constituirse en una suerte de tribunal inquisidor.
Muchas cosas pueden criticarse al IFE, sin duda, pero particularmente en este asunto es acertado lo que se está haciendo por hacer efectiva una garantía que en los hechos es letra muerta en los medios, particularmente electrónicos, los cuales difícilmente, por no decir nunca, tienen la apertura obligada para rectificar informaciones erróneas o, peor aun, para permitir que un particular, sea este político o no, ofrezca su punto de vista o versión en caso de que los datos sobre su persona o un hecho sean imprecisos o dolosamente tergiversados.
La lógica verdaderamente inquisidora viene de la CIRT, que por obvias razones está en contra de que los abusos que regularmente cometen varios de sus agremiados sean detenidos.
Es necesario que haya regulaciones que eliminen de una vez por todas la impunidad con la que se comportan muchos medios electrónicos y es primordial que se regulen todos los aspectos que puedan generar desequilibrios o inequidades en los procesos para elegir autoridades.
Ya es hora de que los poderes fácticos dejen de serlo y que los medios de comunicación vayan asumiendo la obligación de comportarse como organismos de servicio público y no sólo como empresas de interés particular que usan la información y la divulgan a su antojo, según la orientación que marquen sus cuentas bancarias o las aspiraciones de poder de sus dueños.
