Los Estados, como en toda crisis del capitalismo, pero en particular en esta que es profunda, múltiple y larga, realizan pactos con las clases subordinadas, siempre en razón de la fuerza real de cada una de ellas y el potencial del descontento social para convertirse en fuerza anti sistémica.
En México, la oligarquía financiera con sus monopolios locales e internacionales ha llegado a acuerdos con el gobierno en turno que reproduce la hegemonía con sus consecuencias de agravamiento de las condiciones de vida y de las escasas libertades de la mayoría de la población. Se pretexta que el Estado y su gobierno, dado que carecen de recursos, no tienen más opciones de las que el capital financiero y la clase capitalista internacional imponen.
Sin embargo, el Estado y especialmente un gobierno como el actual que llegó por el descontento acumulado necesita agregar a la dominación coercitiva, el consenso así sea bajo engaños o promesas a quienes viven de su trabajo en el campo o la ciudad, sea formalmente asalariado, o el que cuente con base económica propia (campesinos, artesanos, comerciantes y trabajadores independientes) o quienes carezcan de todo (desempleados adultos mayores y mujeres sin jubilación ni empleo, jóvenes sin nada o los millones de subcontratados por outsourcing sea a domicilio o en el riesgo diario de las calles (pandemia, crimen y feminicidios).
Mostremos las opciones que se debaten o se ejercen, a quién representan y qué puede seguir a la crisis y las secuelas que dejará.
1, Seguro de desempleo: en México nadie más allá de algunos académicos, e intelectuales y en algunos foros sindicales lo ha planteado. A pesar de que la CEPAL calcula que 500 mil empresas medianas y pequeñas cierran en 2020, el INEGI y el CAM- UNAM registran como 3 millones de empresas en quiebra, las que difícilmente reabrirán y si lo hacen será con recortes de personal. El INEGI y el IMSS reconocen que en 2020 se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo. Para un seguro de este tipo se necesitarían recursos que hoy el Estado ocupa para pagar intereses de la deuda interna y externa y para reanimar la inversión. No está dispuesto a plantear una moratoria y menos la decisión de no pagar la deuda “odiosa” (deuda para pagar intereses de deuda).
2. Ingreso vital focalizado y temporal. Esta opción se maneja de manera muy reducida para trabajadores formales que han dejado de trabajar por tener alguna de las comorbilidades que los hacen vulnerables ante la pandemia (edad y enfermedades crónico degenerativas). En casos particulares hay otras ayudas como tandas económicas y proyectos productivos “emergentes” o becas que, en el caso de los primeros, no resuelven las urgencias, pues la producción tarda en dar frutos, y en el caso de las becas a jóvenes trabajadores en aprendizaje, son en la práctica un subsidio a las empresas, Para este Ingreso Vital se necesita que el Estado cuente con una recaudación fiscal que intenta cobrar deudas enormes, pero que no se dispone a gravar las ganancias de las grandes empresas. 3. Política salarial: los aumentos nominales a los salarios mínimos desde 2019 han ayudado a mejorar el mínimo de consumo, pero no han modificado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de 3 y más salarios mínimos, cuando se revisan los contratos y menos han impedido la reacción patronal que, ante el aumento de salarios mínimos, responden con reducción del personal contratado, o que suban las cargas de trabajo y aumenten los precios de consumo básico. El desempleo disfrazado se agravó desde el inicio de la pandemia imponiendo descuentos en promedio del 50% a los salarios mientras estuvieron cerradas las plantas, y al reabrirse muchas de ellas producen con menos personal o si hay sospechas de contagio, el salario no se paga íntegro.
4. La Reforma laboral: se decía terminaría con los contratos de protección traería una época de nuevo sindicalismo, mejoraría con la aplicación de las reglas exigidas en las relaciones de las empresas vinculadas a las exportaciones del nuevo T-MEC, incluida la inspección fabril. Lo cierto es que sólo se renuevan las fórmulas de control sindical en los sindicatos más grandes con charros y neo charros. Se burlan las reglas internacionales cuando varias empresas calculan más ventajosa la mano de obra barata aunque que se les impongan impuestos o aranceles a sus productos exportados. Y las inspecciones de las condiciones de trabajo, las dependencias laborales y de salud están mermadas no solo por dedicarlas a atender la pandemia, sino por los recortes del gasto del gobierno que llama “austeridad”.
5. La SUBCONTRATACIÓN, el outsourcing que incluye muchos más contratos por vías como el trabajo a distancia (teletrabajo) y la uberización de los servicios que han crecido como “indispensables” y altamente riesgosos en esta pandemia. Las cifras oficiales reconocen 4.5 millones de trabajadores en esa situación.
6. Las pensiones: es reconocido el “fracaso afores” para pagar una pensión digna a la generación que entró a emplearse tras la reforma de la ley en 1997, y para mejorar las condiciones de quienes ya la tenían. Se demostró este 22 de julio que eso depende del interés de las empresas financieras: la apropiación de las ganancias por el jineteo de los fondos de retito. Para pagar mejores pensiones y aumentar el gran caudal de dinero que está en manos de las afore en época de crisis, desempleo y pérdida de ingresos, se pacta una reforma que se maquilla como “mejora a las pensiones”, pero que en la práctica permite que se mantengan, se reproduzcan y ahora saqueen esos fondos con la apertura de más vías de inversión en infraestructura, la que precisamente cobrarán los dueños de los contratos para construir y manejar los megaproyectos de la 4a, Transformación. Son los mismos dueños de las Afore: Slim, Salinas Pliego, Hank y los bancos. Además del riesgo de poner el dinero de los trabajadores en manos del crimen financiero especulativo, se les premia políticamente por parte del gobierno presentando a las afores y a las cúpulas patronales como “comprometidas con el mejoramiento de los pensionados”, sólo porque cobrarán comisiones a los ahorradores según los promedios internacionales, y cuando haya ganancias las afore cobrarán un porcentaje mayor.
Las protestas de los y las trabajadoras
Ante la negación del derecho a la subsistencia digna de los empleados en activo, los desempleados y los jubilados falta una plataforma de lucha común a este sistema de más de lo mismo.
Las conquistas son puntuales: trabajadores de salud que consiguen parcialmente la basificación ante la carencia de personal para enfrentar la pandemia; trabajador@s de maquilas que arrancan compromisos de seguridad e higiene, corrientes sindicales que plantean la desaparición de las Afore y la construcción de un fondo con participación de los trabajadores para lograr la seguridad social integral, solidaria y universal.
Las calles empiezan a mostrar la reanimación de las protestas, a pesar de la pandemia. Muchas aún son pliegos de peticiones a los de arriba que no obtienen solución. El gran movimiento se está construyendo con el pensamiento crítico y creativo que aprende a utilizar las redes sociales y las tecnologías en campañas de información, denuncia y formación de quienes no quieren volver a la normalidad de la sobreexplotación y el despojo. Algunas personas y grupos dicen que es tiempo de afilar el hacha (preparar y organizar fuerzas), otras en sus terrenos inmediatos ya aplican esa hacha contra los enemigos de siempre: ¡Charro, gobierno y patrón, que son el mismo cabrón!